Gobernadores activan diálogo con Gobierno, Contraloría y Congreso ante baja ejecución presupuestaria

Inquietud existe en la Asociación de Gobernadores, liderada por Rodrigo Mundaca, ante la baja ejecución presupuestaria que se constató en distintas regiones del país durante el primer trimestre de año. Mientras el promedio fue de 12,4%, que ya es más menor que el año anterior y el promedio desde 2018, hubo zonas como Tarapacá en el norte o Aysén en el sur, donde fue de 2,2% y 5,9%, respectivamente.

El dirigente explicó que este débil desempeño responde a lo que fue la discusión de la Ley de Presupuestos 2024, en cuyo debate se incorporaron lo que considera “una serie de cortapisas” para el gasto que podían hacer los Gobiernos Regionales (Gores) como consecuencia del caso Convenios. Una situación que a su juicio no se condice con la realidad, porque el problema en el traspaso de recursos surgió en un organismo centralizado del Estado, como es el Ministerio de Vivienda.

Por ejemplo, el también gobernador de Valparaíso señaló que “cualquier modificación presupuestaria que hagamos en un proyecto por alza en los materiales hasta el año pasado era una prerrogativa de los Gores. Sin embargo, hoy toda modificación presupuestaria debe pasar por consejos regionales y, por tanto, depende del calendario de sesiones del consejo, luego debe pasar por visado de la Dipres y luego por la toma de razón de Contraloría”.

El presidente de la Asociación de Gobernadores, Rodrigo Mundaca, advirtió que los GORE enfrentan  cortapisas en sus presupuestos.

De ahí que la semana pasada, Mundaca se reunió la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, y estima que hará lo propio con la contralora subrogante, Dorothy Pérez.

El directivo señaló que requieren una interpretación del órgano fiscalizador cuando se hace una transferencia de recursos para un proyecto a una institución pública, para que ese ejercicio de gasto por parte del Gore se impute cuando se transfieren los recursos al aparto público y no por la ejecución física.

Agregó que a pesar de que en la Ley de Presupuestos del 2024 establece que la Contraloría tiene un plazo perentorio de 15 días para pronunciarse sobre esas materias, “hoy esos tiempos no se están respetando. Eso evidentemente afecta el ejercicio presupuestario”.

Mundaca adelantó que prepararán una minuta como Asociación de Gobernadores para presentarla a la Dipres y para concurrir a Contraloría.

Además, informó que van a activar un despliegue en el Congreso para tratar de modificar algunos aspectos que traban hoy la gestión de recursos a nivel regional.

Este miércoles, de hecho, también prevén una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, con la finalidad de conversar sobre “si existe voluntad política para retrotraer o modificar algunos articulados de la Ley de Presupuestos que hoy están dificultando el ejercicio presupuestario de los Gores”. 

“También requerimos iniciativa legislativa para poder acelerar el ejercicio del gasto. Esto también lo esperamos conversar con presidente del Senado y las respectivas comisiones de Hacienda”, señaló.

Si no hay cambios, el gobernador estimó que será muy difícil mejorar el uso de los recursos aprobados. “Esperamos incorporar estas observaciones en la próxima discusión del presupuesto 2025 y, sin duda, si no se modifica el ejercicio presupuestario se verá bastante amenazado y todos corremos serio riesgo de no cumplir con la totalidad del ejercicio presupuestario”, advirtió.

“La Ley ahoga a los Gores”

La gobernadora de Aysén, Andrea Macías, explicó que la baja ejecución en su caso se debe a que recién pudieron comenzar a trabajar con su presupuesto el 6 de marzo, por lo tanto, no pudimos generar pagos hasta esa fecha.

“Hay plazos que no se cumplieron por parte de la Dipres, como el compromiso de que ellos iban a aperturar los proyectos de los Gores en plazos breves para impedir esta situación que nosotros advertimos en su momento”, indicó.

Macías también señaló que el no reconocer a organismos como el Instituto Forestal (Infor), la Fundación para la Innovación Agraria (FIA); y al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) como instituciones con las cuales se puede trabajar de manera directa como parte del Estado ha sido de un tremendo impacto negativo para región que tiene un fuerte trabajo con el sector del agro.

“Hoy debemos andar buscando formas de manera de poder traspasar recursos y seguir trabajando en innovación y agricultura campesina en una región de la cual en 20 años más va a depender la seguridad alimentaria. La mirada centralista que se impuso en esta Ley de Presupuestos está ahogando a los gobiernos regionales”, lamentó.

“Hoy nosotros estamos pagando, todos los Gores, los platos rotos”, sostuvo junto con coincidir con Mundaca en que el caso Convenios surgió en un servicio dependiente del gobierno nacional en un servicio centralizado.